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Madrid no es ninguna excepción. Un estudio realizado el pasado año por el Colegio Profesional de Administradores de Fincas (CAFMadrid) desveló que el 90% de las comunidades de propiedades sufre problemas de ruidos. El principal motivo de queja es la música alta (en un 67% de los casos), seguido del deficiente aislamiento acústico que tienen las viviendas (casi un 50%).

En Madrid hay menos quejas por ruido ambiental

Y, sin embargo, en el caso de la ciudad de Madrid el ruido ya no se encuentra entre los 10 principales problemas que afrontan los vecinos. La última edición de la Encuesta de Calidad de Vida y Satisfacción, publicada por el Ayuntamiento el pasado mes de julio, desvela que el ruido se sitúa en el puesto número 14 en el listado de quejas de los residentes. En la anterior edición, de 2017, ocupaba el puesto número 7.

Pero no estamos ante datos contradictorios. La contaminación acústica de la ciudad, en cuanto a factores externos a la vivienda (tráfico, terrazas…), es la que se ha visto mermada en el ranking de quejas de los ciudadanos. Otra cosa bien distinta son las molestias que ocasionan los propios vecinos. En este ámbito de convivencia la situación ha ido a peor. Los datos de CAFMadrid en 2012 señalaban que el 70% de las comunidades de propietarios sufrían problemas derivados del ruido. A día de hoy esta cifra, como hemos visto, se sitúa en el 90%.

¿Qué es ruido?

Ruido es el sonido no deseado o desagradable y desde los años 70 la Organización Mundial de la Salud lo considera un contaminante ambiental. Numerosos estudios científicos han evidenciado las consecuencias negativas que la convivencia con un entorno ruidoso tiene sobre la salud. Pero ¿cuáles son los límites del volumen que tengo que tolerar a mis vecinos?

La Comunidad de Madrid en su decreto de 1999 por el que se regula el Régimen de Protección contra la Contaminación Acústica establece que en las viviendas el límite máximo diurno es de 35 decibelios y en horario nocturno, 30. Estos límites se refieren a las zonas que el decreto denomina ‘subzona residencial habitable’, es decir, dormitorios, salones, despachos. En el caso de cocinas, baños y pasillos se indica que durante el período diurno el límite es de 40 decibelios y de 35 en el nocturno.

En la ciudad de Madrid, menos ruido

El decreto de la Comunidad de Madrid establece que el horario nocturno abarca desde las 22 a las 8 horas y el resto se considera diurno. Sin embargo, deja en manos de los Ayuntamientos la posibilidad de modificar estos períodos, creando incluso diferentes horarios en función de las estaciones y de los días festivos.

En el caso del Ayuntamiento de Madrid su Ordenanza de Protección contra la Contaminación Acústica y Térmica, de 2011, el día se divide en tres períodos: el diurno, que abarca desde las 7 a las 19 horas; el vespertino, que va desde las 19 a las 23 horas; y el nocturno, desde las 23 a las 7 horas.

Además, aunque también distribuye la vivienda en dos zonas, tan sólo separa los dormitorios del resto de estancias. En el caso de los dormitorios, los límites se sitúan en 30 decibelios en horario diurno y vespertino y en 25 en nocturno. En el resto de espacios es de 30 durante la noche y de 25 durante los otros dos tramos horarios.
Esta Ordenanza está pendiente de actualización por la Ordenanza 4/2021, de 30 de marzo, de Calidad del Aire y Sostenibilidad

Pasos a seguir ante vecinos ruidosos

La primera recomendación es el diálogo. Identifiquemos qué vecino es el causante del ruido y pongámonos en contacto con él o ella para exponerle el problema y pedirle que mitigue el sonido. Si este primer paso no da resultado, lo habitual es poner en conocimiento del presidente de la comunidad la situación y será este (aunque también puede ser el propio afectado) el que advierta al residente que ocasiona las molestias de las acciones administrativas y/o judiciales que se pueden adoptar si no ceja en su actitud.

Según la última encuesta de CAFMadrid, sólo un 18% de los casos se suele arreglar con una llamada de atención. El 80% de las quejas por ruido derivan en una denuncia ante la Policía y en el 20% de los casos se inicial acciones judiciales. A la hora de decidir recurrir a la vía judicial, es fundamental recabar pruebas, que en este caso supondría realizar mediciones de sonido para establecer que se superan los límites establecidos por las normativas vigentes.
Además, hay que tener en cuenta que la vía judicial requiere que sea la comunidad de propietarios quien realice la denuncia, por lo que es necesario convocar una junta general y hacer constar el problema en el orden del día. A continuación, debe requerirse vía burofax al vecino ‘ruidoso’ que desista de seguir con sus actividades molestas. Si esto no funciona, la comunidad de propietarios entablará lo que se denomina una acción de cesación y si el tribunal le da la razón a la comunidad, el residente denunciado no sólo tendrá que dejar de hacer ruido, sino que también se puede enfrentar a una sentencia que le obligue a indemnizar a los perjudicados e incluso puede darse el caso de que se le prive del derecho de su vivienda o local por un período de hasta tres años.

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https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/04/21/economia/1618995473_272005.html

Estas deducciones, que parten de un mínimo del 20%, ascienden al 40% y alcanzan un máximo del 60%, serán aplicables a todas las personas físicas que realicen determinadas obras en su vivienda habitual o en una vivienda de su titularidad, por ejemplo alquilada, que contribuyan a la mejora de la eficiencia energética. Dado que estas obras de rehabilitación tienen que ser impulsadas por los propietarios, el Ministerio de Transportes, con competencias estatales en vivienda, propone diferentes incentivos que «se estructuran en dos componentes».

En primer lugar, habría una deducción del 20% para quienes, al realizar determinadas obras, reduzcan al menos un 7% de la demanda de calefacción y refrigeración de la vivienda, algo posible al sustituir las ventanas por unas de altas prestaciones o al aislar térmicamente las paredes del inmueble. A su vez, habrá una deducción mayor, del 40%, para los propietarios que rebajen hasta un 30% el consumo de energía primaria no renovable, acreditable a través del certificado de eficiencia energética.

En segunda instancia, el Ejecutivo establece una deducción del 60% por obras de rehabilitación para edificios enteros aplicable a cantidades satisfechas por personas físicas propietarias de vivienda, «condicionadas a una reducción del consumo de energía primaria no renovable, referida a la certificación energética, de un 30% como mínimo, o bien, a la mejora de la calificación energética del edificio para obtener una clase energética «A» o «B», en la misma escala de calificación», detalla el ministerio.

De media, los edificios son responsables de aproximadamente el 40% del consumo de energía y del 36% de las emisiones de CO2. En España, también debido a la edad del parque residencial (más de la mitad se construyó antes de 1980), solo un 4% de los edificios cuentan con la certificación energética óptima.

A los incentivos fiscales, según avanza este miércoles el diario El País, se le suman las ayudas directas a la rehabilitación, que costearán desde el 35% del importe de la obra hasta su totalidad, aunque las mayores tasas estarán reservadas para los proyectos integrales de regeneración urbana en vecindarios en riesgo de exclusión social. En el resto de hogares las subvenciones abonarán como máximo el 70% del coste total de la obra.

En España, según los cálculos del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos (CSCAE), más de 10 millones de viviendas presentan necesidades de rehabilitación, principalmente energética. Según el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), redactado antes de la pandemia y con vistas al periodo 2021-2030, se preveía un ritmo anual medio de rehabilitación energética de 120.000 viviendas empezando con 30.000 el primer año y ascendiendo progresivamente hasta las 300.000 en 2030. Estas cifras cerrarían la década con 1,2 millones de inmuebles rehabilitados, que ascenderían, si se siguiese el mismo ritmo de intervención, a los 3,6 millones en 2050, cuando la Comisión ha fijado el objetivo de emisiones cero.

Los fondos europeos, así como el plan diseñado por el Gobierno, podrían dar un empujón a la tasa de gran rehabilitación. Según las estimaciones recopiladas desde el CSCAE, esta tasa oscila en Europa está entre el 1,5% y el 2%, principalmente en países del entorno como Francia, Portugal, Alemania o Bélgica. En España, la estadística oficial vislumbra a día de hoy una tasa de entre el 0,2% y el 0,4%, muy por debajo del 2% del entorno y del 3% que recomienda la UE.

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Madrid, 5 de junio de 2020. En pleno proceso de desescalada del confinamiento para prevenir los contagios por coronavirus, con la llegada del calor está proliferando la venta de piscinas hinchables y prefabricadas. El Consejo General de los Colegios de Administradores de Fincas de España (CGCAFE), el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE) y el Consejo General de la Arquitectura Técnica de España (CGATE) alertan, en un comunicado conjunto, de los riesgos que puede implicar su instalación de estas piscinas en terrazas, balcones y azoteas de los edificios sin un criterio técnico que lo avale.

Como indica el secretario general del CSCAE, Laureano Matas: “Sin la necesaria supervisión de un profesional competente, que constate la viabilidad de la instalación, pueden producirse daños en las estructuras de los edificios y, en el peor de los casos, que la seguridad de las personas se vea amenazada. Afortunadamente, el asesoramiento experto evita riesgos y, en función del tipo de piscina, hay casos en los que es posible reforzar la estructura de una forma asequible”.

Por eso, antes de adquirir una piscina, recomiendan a los usuarios que se pongan en contacto con un arquitecto o un arquitecto técnico para que compruebe el peso que es capaz de soportar la estructura de la terraza de su vivienda. De esta manera, sabrá si es viable instalar una piscina y el volumen de agua que puede soportar. En concreto, una cubierta que inicialmente no estaba calculada para este sobrepeso, puede soportar entre 100 y 200 kilos por metro cuadrado, lo que equivale a una lámina de agua entre 10 y 20 centímetros de altura, se indica en el comunicado.

El presidente del CGATE, Alfredo Sanz Corma, insiste en que un edificio está calculado para unos usos determinados. “Si introducimos variables que los alteren -advierte-, puede verse comprometida alguna parte de su estructura. Es imprescindible que, antes de instalar una piscina portátil en un forjado, se consulte con un técnico competente, para no comprometer la estabilidad del forjado y, sobre todo, y más importante, la seguridad y salud de las personas. Estamos empezando a lamentar accidentes y, antes de que estos sean algo recurrente, es necesario concienciar a la sociedad de que acuda a los profesionales competentes, aparejadores y arquitectos”.

El forjado que sustenta esa estructura es un elemento común del edificio. Por lo tanto, el deseo de instalar una piscina en la azotea debe comunicarse a la comunidad de propietarios desde el primer momento, junto con el informe técnico correspondiente. Además, en aquellas piscinas que pudieran ser objeto de uso comunitario este informe técnico contará con las especificaciones propias sobre las limitaciones de uso, aforo y sanitarias.

Salvador Díez, presidente del CGCAFE, recuerda que, además de cumplir con las condiciones técnicas recomendadas, no se puede modificar ningún elemento común de la finca para la instalación de una piscina. “Si un vecino quiere instalar o instala una piscina y esto supone la alteración de algún elemento común, no puede hacerlo sin la autorización previa de la Junta de Propietarios, y esta autorización ha de ser por unanimidad y siempre que no suponga ningún riesgo para la finca ni para los vecinos. Si la intención es instalar una piscina portátil en una terraza, no es necesario el acuerdo de la Junta de Propietarios, pero si es conveniente comunicarlo a la Comunidad de Propietarios y acompañar un informe técnico que garantice que no se va a ver afectado ningún elemento y que la instalación es técnicamente viable”.