La rehabilitación del parque residencial español, uno de los pilares del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, contará con deducciones de entre el 20% y el 60% en el IRPF a las que podrán acogerse los propietarios que impulsen en sus viviendas obras de mejora con el objetivo de acelerar su eficiencia energética. Estas bonificaciones, a las que se le añaden diferentes palancas de ayudas directas, tendrán cargo a los 6.820 millones de euros provenientes de Bruselas que el Gobierno ha previsto para la agenda urbana. En total, explican fuentes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, se reservarán 450 millones de euros para costear las bonificaciones.
Estas deducciones, que parten de un mínimo del 20%, ascienden al 40% y alcanzan un máximo del 60%, serán aplicables a todas las personas físicas que realicen determinadas obras en su vivienda habitual o en una vivienda de su titularidad, por ejemplo alquilada, que contribuyan a la mejora de la eficiencia energética. Dado que estas obras de rehabilitación tienen que ser impulsadas por los propietarios, el Ministerio de Transportes, con competencias estatales en vivienda, propone diferentes incentivos que «se estructuran en dos componentes».
En primer lugar, habría una deducción del 20% para quienes, al realizar determinadas obras, reduzcan al menos un 7% de la demanda de calefacción y refrigeración de la vivienda, algo posible al sustituir las ventanas por unas de altas prestaciones o al aislar térmicamente las paredes del inmueble. A su vez, habrá una deducción mayor, del 40%, para los propietarios que rebajen hasta un 30% el consumo de energía primaria no renovable, acreditable a través del certificado de eficiencia energética.
En segunda instancia, el Ejecutivo establece una deducción del 60% por obras de rehabilitación para edificios enteros aplicable a cantidades satisfechas por personas físicas propietarias de vivienda, «condicionadas a una reducción del consumo de energía primaria no renovable, referida a la certificación energética, de un 30% como mínimo, o bien, a la mejora de la calificación energética del edificio para obtener una clase energética «A» o «B», en la misma escala de calificación», detalla el ministerio.
De media, los edificios son responsables de aproximadamente el 40% del consumo de energía y del 36% de las emisiones de CO2. En España, también debido a la edad del parque residencial (más de la mitad se construyó antes de 1980), solo un 4% de los edificios cuentan con la certificación energética óptima.
A los incentivos fiscales, según avanza este miércoles el diario El País, se le suman las ayudas directas a la rehabilitación, que costearán desde el 35% del importe de la obra hasta su totalidad, aunque las mayores tasas estarán reservadas para los proyectos integrales de regeneración urbana en vecindarios en riesgo de exclusión social. En el resto de hogares las subvenciones abonarán como máximo el 70% del coste total de la obra.
En España, según los cálculos del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos (CSCAE), más de 10 millones de viviendas presentan necesidades de rehabilitación, principalmente energética. Según el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), redactado antes de la pandemia y con vistas al periodo 2021-2030, se preveía un ritmo anual medio de rehabilitación energética de 120.000 viviendas empezando con 30.000 el primer año y ascendiendo progresivamente hasta las 300.000 en 2030. Estas cifras cerrarían la década con 1,2 millones de inmuebles rehabilitados, que ascenderían, si se siguiese el mismo ritmo de intervención, a los 3,6 millones en 2050, cuando la Comisión ha fijado el objetivo de emisiones cero.
Los fondos europeos, así como el plan diseñado por el Gobierno, podrían dar un empujón a la tasa de gran rehabilitación. Según las estimaciones recopiladas desde el CSCAE, esta tasa oscila en Europa está entre el 1,5% y el 2%, principalmente en países del entorno como Francia, Portugal, Alemania o Bélgica. En España, la estadística oficial vislumbra a día de hoy una tasa de entre el 0,2% y el 0,4%, muy por debajo del 2% del entorno y del 3% que recomienda la UE.
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